Del piquete al tribunal por las cenizas de carbón

Lo que en su inicio fue un movimiento ciudadano para impedir el acopio de cenizas tóxicas de carbón en el vertedero de Peñuelas, ahora es mucho más.

Las confrontaciones entre residentes del sector Tallaboa y la empresa Peñuelas Valley Landfill han trascendido la línea de piquete para convertirse en una disputa legal sobre el alcance del derecho a la protesta en las comunidades.

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En una Vista de Determinación de Causa para Arresto celebrada el pasado jueves, 12 de mayo en el Tribunal de Ponce, el fiscal Juan Pumarejo García presentó cargos de Motín y Daño Agravado contra ocho manifestantes peñolanos que se oponen al depósito de cenizas de la generadora AES en Guayama.

Las imputaciones están relacionadas a un incidente ocurrido el pasado 28 de marzo, cuando se alega que los denunciados lanzaron piedras contra tres camiones que cruzaron una línea de piquete en la carretera PR-385 para descargar cenizas de carbón en el vertedero de Peñuelas.

La radicación de cargos no se concretó hasta el miércoles, 11 de mayo, casi 24 horas después de que un juez en la Sala de Guayanilla del Tribunal de Primera Instancia descartara denuncias de alteración a la paz contra tres manifestantes, por hechos también ocurridos el 28 de marzo.

La radicación de ambos casos ha llevado a los denunciados y sus representantes legales a argumentar que se trata de un esfuerzo de los administradores del vertedero e, incluso, del gobierno para intimidarlos y descarrilar su oposición a la descarga de cenizas tóxicas en suelo peñolano.

De ser hallados culpables, los seis hombre y dos mujeres de Tallaboa se exponen a una pena de cárcel total de seis años (tres años fijos por motín y tres años fijos por daño agravado) y posible restitución de daños.

“Todo esto parece una encerrona”, denunció el abogado Martín Guillermo Vázquez Vélez, uno de los representantes legales de los imputados.

Según expuso, los señalados por fiscalía actuaron en defensa propia, luego de que tres camiones se abalanzaran contra ellos, en su apuro por ingresar al vertedero el pasado 28 de marzo.

“Los camiones se tiraron encima de los manifestantes y ahí es que se dan los incidentes por los cuales acusan a los manifestantes. Sin embargo, no se han sometido denuncias ni acusaciones a los choferes, ni a los dueños de los camiones o a los dueños del vertedero que incitaron que eso ocurriera”, sentenció Vázquez Vélez.

“Aquí no se configuró un motín, pero si eso fuera un motín, fue provocado por los camioneros, porque no había pasado nada mientras los camiones estaban estacionados en la calle. Todo se suscita cuando los camiones salen de la autopista y se tiran ‘a la cañona’ al camino que da paso al vertedero”, añadió.

“Hay muchos derechos humanos en juego”

Por su parte la abogada y profesora de derecho en la Pontificia Universidad Católica en Ponce, Wanda Valentín Custodio, acusó al Estado de ser “selectivo” a la hora de acusar a los manifestantes.

Valentín Custodio forma parte del experimentado equipo de defensa, que incluye a los abogados Federico Torres Alfonso, Pedro Santiago Vélez, Carlos Rivera Turner y Martín González Vázquez.

“Hay una desproporción gigante entre uno de estos camiones y un ser humano que está frente al camión cuando inicia la marcha, dirigido a donde están las personas protestando. Sin embargo, con esa conducta -que podría constituir una tentativa de asesinato- no se ha iniciado ningún tipo de acción”, abundó.

Valentín Custodio además cuestionó el rol que ha desempeñado la Policía Estatal en la controversia, sumándose a críticas de los manifestantes de que la uniformada ha inclinado su defensa hacia los dueños del vertedero.

“La Policía debe estar como un ente para proteger, pero para proteger a todas las partes. Sin embargo, a veces la Policía parece proteger los intereses del bolsillo de unos pocos, versus los intereses humanos de toda la comunidad”, continuó.

“Se cometió delito”

Ante los planteamientos de la defensa, el fiscal Pumarejo García fue enfático e insistió que los manifestantes se excedieron al recurrir a la violencia para confrontar a los camiones con cenizas en Peñuelas.

“Los derechos de los manifestantes terminan donde empiezan los derechos de los camioneros y demás personas que están trabajando para llevar el pan a su casa”, expuso.

“En el momento que tomas una protesta legal y cometes actos de violencia, ahí sales de la esfera de protección constitucional que te brinda el derecho a la protesta. Ahí cometes delito”, añadió.

Pumarejo García además rechazó señalamientos de que los camiones se abalanzaron de forma temeraria contra los manifestantes y alegó tener evidencia para corroborarlo.

Incluso, alego que los imputados alegadamente lanzaran piedras contra los cristales de los camiones, laceraron a uno de los camioneros.

“Yo no tengo problema con las manifestaciones. Pero entre 3:50 y 4:00 de la tarde del día 28 de marzo cometieron un delito y salieron de la protección que les da la Constitución de protestar. Esa es la posición del ministerio público”, concluyó.

La Vista de Determinación de Causa para Arresto continúa este jueves, 19 de mayo en el Tribunal de Ponce con la presentación de más testigos del ministerio público, incluyendo al comisionado de la Policía Municipal de Peñuelas, Francisco Meléndez.