Crean en EE.UU. y Puerto Rico: Frente común contra las cenizas

Nuevos hallazgos confirman que la disposición de cenizas de carbón conlleva significativas amenazas a la salud pública.

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El Comité Diálogo Ambiental se unió formalmente al reclamo de 103 organizaciones de interés público de los Estados Unidos, que reclaman a la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA en inglés) tiempo y participación para debatir las radicales enmiendas propuestas al reglamento que regula el manejo de las cenizas de carbón en los estados y territorios.

El 1 de marzo, el administrador de la EPA, Scott Pruitt, propuso debilitar significativamente los estándares y restricciones que se exigen a las compañías eléctricas que producen y disponen cada año millones de toneladas de cenizas de carbón.

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Pruitt anunció su plan justo un día antes de que sobre 400 centrales eléctricas que utilizan carbón como materia prima revelaran los resultados de sendos exámenes sobre la calidad de agua subterránea en sus predios. En la inmensa mayoría, los estudios evidenciaron abundante contaminación con tóxicos de las cenizas de carbón.

En una petición dirigida a Mary Jackson, de la División de Recuperación de Materiales y Manejo de Desechos, de la Oficina de Conservación y Recuperación de Recursos de la EPA (RCRA en inglés), el colectivo de organizaciones explicó que estos residuos de la combustión del carbón (RCC) figuran entre las variantes de “desperdicios tóxicos más grandes en los Estados Unidos”.

“Estos datos (exámenes) contienen información sobre muchos depósitos de cenizas que nunca se habían monitoreado y que evidencian la presencia de ciertos productos químicos peligrosos, como el radio, el cobalto y el litio, que nunca antes habían sido medidos. Estos datos revelan que la disposición de cenizas de carbón conlleva nuevas y significativas amenazas a la salud pública, y estas amenazas están muy ligadas a los cambios técnicos y legales que se proponen en las enmiendas al reglamento”, recalca la petición.

En Estados Unidos y Puerto Rico se producen 110 millones de toneladas de desechos industriales de cenizas de carbón al año.  Estos residuos conllevan una mezcla de carcinógenos, neurotoxinas y venenos, entre los que resaltan el arsénico, boro, cromo hexavalente, plomo, radio, selenio y talio.

En su petición, las organizaciones solicitaron además que la EPA extienda de 45 a 90 días el período para someter comentarios y que se realicen cuatro audiencias públicas, una de ellas en Guayama, Puerto Rico, debido a que es “esencial realizar múltiples audiencias para que las comunidades impactadas expresen sus inquietudes”.

“Debido a que las cenizas de carbón afectan de manera desproporcionada a las comunidades minoritarias y de bajos ingresos, muchas personas impactadas no pueden recorrer largas distancias para asistir a una audiencia”, insisten los grupos en su misiva, tras la intención de la agencia federal de realizar solo una audiencia en Washington D.C. el 24 de abril.

Una investigación de La Perla del Sur y el Centro de Perio-dismo Investigativo reveló días atrás que en las aguas subte-rráneas de la planta de carbón AES en Guayama ya existen indicios de radioactividad, además de rastros de arsénico, cromo, selenio y molibdeno.

“La montaña de desperdicios está liberando químicos peligrosos al agua subterránea y ya fluye fuera de la zona de la planta”, comentó a ambos medios Lisa Evans, abogada con más de 25 años de experiencia en litigios ambientales y asesora de Earthjustice, organización de derecho ambiental con larga trayectoria en Estados Unidos

Esta institución, además, es una de las 104 entidades que finalmente firmaron la petición a la EPA.