Confiscación a las Leonas del Voleibol: Una cintilla de errores… ¿con un solo culpable?

Aunque al cierre de esta edición el TAAD aún no había tomado la decisión final sobre la pugna, es inevitable advertirlo: su dictamen podría incluso definir el futuro y permanencia de las Leonas en el voleibol puertorriqueño.

Foto Florentino Velazquez

La inusitada descalificación de las Leonas de Ponce en el Voleibol Superior Femenino no solo ha generado desconcierto.

Además ha puesto hablar a los seguidores de este deporte sobre la forma en que, no solo se produjeron los hechos, sino también la manera en que se condujo el proceso que culminó en la eventual descalificación y posterior para-lización de las series semifinales del actual torneo.

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Todo comenzó previo al último partido de la serie regular con la firma de Haley Eckerman para sustituir a Taylor Simpson como refuerzo de las Leonas.

Ese juego lo ganó Ponce en Caguas, gracias al desempeño colectivo y una gran actuación de la nueva refuerzo del sexteto, lo que le aseguró a las Leonas la segunda posición en la primera fase de la competencia.

De inmediato, fueron las Indias de Mayagüez quienes, sin éxito, levantaron la voz de protesta sobre la participación de la nueva importada de las Leonas, alegando que su contrato evidenciaba fallas que lo invalidaban.

Al no prosperar su pedido, los administradores de la franquicia mayagüezana convencieron a la gerencia de Humacao para que protestara la participación de Eckerman en el juego final de la serie de cuartos de finales, que enfrentaba a las Leonas contra las Orientales.

Ponce ganó el juego que se jugó bajo protesta, llegando el asunto a las manos del director del torneo Ángel Aja, quien decidió a favor de Ponce declarando “no ha lugar” el recurso presentado por Humacao.

Pero las Orientales, siguiendo el proceso provisto por la federación, apelaron la decisión de Aja ante el ente federativo, quien nombró un panel de tres jueces -compuesto por los abogados Evelyn Benvenutti, José M. Marxuach y Jaime Vázquez- para que atendiera la apelación.

El panel determinó que Ponce entró en violación al reglamento en varios de sus artículos, procediendo a confiscar los partidos en los que Eckerman participó.

Con la confiscación, además, las Leonas quedaban eliminadas, dándole entrada a Humacao a la semifinal para enfrentar a Caguas, a la vez que Juncos y Mayagüez protagonizarían la semifinal B.

La decisión del panel de jueces fue apelada entonces por Ponce, primero ante el presidente federativo y luego ante el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), quien le dio crédito al pedido y ordenó la paralización de las series semifinales. Acto seguido, envió el caso al Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) del organismo, lo que representa el último mecanismo que ofrece el deporte para apelar.

Por tanto, la decisión que tome el TAAD será final, al menos a nivel deportivo.

Los hechos

Entre los errores señalados por el panel de jueces se plantea que la declaración jurada que se requiere no fue firmada por un notario, ni por la jugadora, y que la fecha de efectividad del contrato era el 10 abril, aunque la jugadora comenzó a ver acción el día 9.

Sostiene, además, que el Certificado Médico no contiene el nombre de la persona a la que examinó y que tiene fecha del 8 de abril, cuando la jugadora arribó al país un día después.

De acuerdo al documento, el reglamento dispone que si el contrato no está debidamente cumplimentado o si no está acompañado por los documentos que se requieren, será devuelto al equipo, algo que obviamente no ocurrió.

Más aún, los equipos de Mayagüez y Humacao conocieron de los errores primero que las Leonas, franquicia que sometió el contrato.

Es obvio que aquí Ponce falló al someter el contrato sin la debida documentación, un hecho que el apoderado Marcos Martínez aceptó.

La pregunta, no obstante, es por qué el Director del Torneo aceptó el contrato, si tenía fallas tan evidentes que hasta en Mayagüez y Humacao se percataron, aun en la distancia.

¿Fue que se equivocó o falló en la gestión básica de analizar el contrato?

Tal vez por eso, porque reconoce su error, fue que Ángel Aja declaró “no ha lugar” la protesta de Humacao, dándole la razón a Ponce.

Otro error fueron las declaraciones que hizo el presidente federativo César Trabanco, validando la decisión del panel de jueces cuando, en la cadena de recursos apelativos, el presidente es el último recurso que tienen los apelantes antes de ir al COPUR.

Claro, se trató de subsanar ese error al nombrar al abogado René Arrillaga para atender la apelación, pero públicamente ya había una decisión formada por quien lo nombra.

Ahora bien, un error de omisión, sin intención de engaño y mucho menos de sacar ventaja, ¿es un “delito” tan grave como para castigar con la pena de muerte?

Porque eso, precisamente, fue lo que hizo la Federación al confiscarle los juegos a las Leonas, provocando su eliminación y tirando por la borda una temporada en la que han tenido que batallar contra viento y marea.

¿Los errores no deben ser una responsabilidad compartida, tanto por el equipo como por la liga, quien al final fue quien dio el visto bueno para la participación de Eckerman?

¿Son los abogados y no las jugadoras los que ganan partidos en la nueva era del voleibol puertorriqueño?

¿Merece Marcos Martínez, después de tanto esfuerzo deportivo y económico, eliminarse en una oficina cuando en la cancha Ponce ha demostrado ser un serio contendor al título?

Si tiene que pagar por utilizar las instalaciones deportivas, si no recibe un solo centavo de ayudas gubernamentales y ahora tiene que soportar que lo derroten fuera del tabloncillo, cabe preguntarse si valdría la pena continuar operando una franquicia que para sostenerla tendrá que nadar y pelear contra la corriente.

Aunque al cierre de esta edición el TAAD aún no había tomado la decisión final sobre la pugna, es inevitable advertirlo: su dictamen podría incluso definir el futuro y permanencia de las Leonas en el voleibol puertorriqueño.