COLUMNA: La bochornosa secuela del proyecto de las cenizas de carbón

"La presunta prohibición de las cenizas de carbón en Puerto Rico no es otra cosa que un fraude evidentemente malintencionado" - Víctor Alvarado Guzmán

Esto es una columna de opinión

La secuela de absurdas e ilógicas justificaciones hechas por el gobernador de Puerto Rico, los senadores de mayoría y el presidente de la carbonera AES tras la polémica aprobación del Proyecto del Senado 81, han dejado al descubierto otra aplastante verdad.

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La presunta “prohibición de las cenizas de carbón en Puerto Rico” no es otra cosa que un fraude evidentemente malintencionado.

Primero, ha quedado claro que las enmiendas que a última hora sometió el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, por conducto de su secretario de Asuntos Públicos y exasesor legal de la compañía de basura EC Waste, Ramón Rosario Cortés, mutilaron mortalmente la intensión original del PS81: prohibir el uso, depósito y disposición de las cenizas de carbón en la isla.

Y gracias a la confabulación entre el poder ejecutivo, EC Waste y AES, así como la debilidad política de todos los legisladores que aprobaron esa aberración, decenas de camiones repletos de cenizas llegarán pronto a los vertederos de Peñuelas y Humacao, en violación a la voluntad expresada por miles de vecinos, activistas, religiosos, sindicatos, estudiantes, organizaciones y miembros de la Academia.

Más aún, las enmiendas incluidas allanan el camino para que estos residuos de carbón vuelvan a utilizarse como relleno en urbanizaciones, caminos y terrenos agrícolas, bajo el subterfugio de “uso beneficioso”, tal como ocurrió en Puerto Rico entre los años 2005 y 2013: otra incoherencia que contradice el espíritu del PS81 y que se aprobó “ante el peligro a la salud de los puertorriqueños”.

La farsa ha quedado demostrada.

Mientras tanto, tras claudicar a la presión de los poderes que controlan La Fortaleza, los senadores Larry Seilhamer (autor del PS81 original) y Nelson Cruz han intentado defender la falsa noción de que ahora se restringe mucho más el uso de las cenizas de carbón y que la empresa AES no volverá a depositarlas en Puerto Rico.

Para su desgracia, el primero en desmentirlos fue el propio gobernador Rosselló Nevares. Según declaró a un medio de comunicación de la capital, el proyecto de Ley aprobado permite un “proceso de transición” con el cual podría reanudarse el depósito de cenizas en distintos vertederos en la isla.

Aun así, conviene aclarar que el proyecto aprobado no establece ningún “proceso de transición”, como alegó el gobernador. Lo que sí es cierto es que la legislación final autoriza que se lleven las cenizas a los vertederos para “uso beneficioso”, lo que podría ocurrir en cualquier momento.

Cuando ocurra, la verdad golpeará en la cara a los senadores sureños.

Por otro lado, en una “casual coordinación de expresiones” con Rosselló Nevares, el presidente de la carbonera AES, ingeniero Manuel Mata, insistió que el proyecto les permite llevar cenizas a los vertederos para utilizarlos como material de cubierta diaria o para solidificar desperdicios líquidos no peligrosos. Exactamente lo mismo que han hecho hasta ahora.

En otras palabras, el proyecto no cambia nada y beneficia a la empresa carbonera con un marco legal, únicamente a su favor.

Aclarado esto, solo resta preguntar: ¿qué harán todos los senadores y representantes que aprobaron el PS 81 cuando AES les demuestre que su prohibición no vale nada? ¿Cómo procederán cuando se envíen decenas de camiones con esta “basura radiactiva” a Peñuelas y Humacao? ¿Darán la cara? ¿Defenderán a sus vecinos y constituyentes de la avaricia ilimitada de los ejecutivos de AES? ¿Serán parte de este nuevo atropello?.

En lo que reflexionan, las comunidades de Peñuelas y Humacao ya se han expresado: están listas para resistir la nueva ola de camiones, recursos legales, policías y arrestos. Y en la medida que la indignación se propague, mientras las cenizas vuelvan a dispersarse por todo el país, otros pueblos se levantarán.

Al final, el gobernador tendrá la potestad para ordenar los arrestos de 50, 100, 200 o 500 personas, pero al hacerlo reiterará que convirtió en cenizas su proclamada “política pública” para exportar los desperdicios tóxicos de AES. Al hacerlo, también demostrará a la prensa y al país que expresó otra vil mentira.

Para su desgracia, en esta ocasión, no podrá decir que la culpa es de la Junta de Control Fiscal.

El autor es portavoz del Comité Diálogo Ambiental