Cocinan condenas más severas por protestar en la vía pública

De aprobarse el proyecto, se impondría una pena de reclusión fija de tres años de cárcel. La pieza se encuentra ante la consideración de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara.

Foto archivo

Justo cuando se anticipan protestas masivas por las imposiciones de la Junta de Control Fiscal, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y la potencial reanudación del depósito de cenizas de carbón en Peñuelas, en la legislatura se mueve legislación para incrementar las sanciones contra quienes interfieran con el tráfico vehicular.

El Proyecto de la Cámara 1348 del representante José Pérez Cordero, pretende elevar a delito grave “el bloquear o entorpecer intencionalmente el flujo vehicular mientras se hace uso de cualquier tipo de transportación pública o privada”.

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Aunque el legislador plantea que la medida fue radicada en respuesta a los encontronazos surgidos entre taxistas y transportistas adscritos al servicio Über, conocedores advierten que el lenguaje de la medida abre la puerta contra cualquier ciudadano que proteste en la vía publica.

De aprobarse el proyecto, se impondría una pena de reclusión fija de tres años de cárcel. La pieza se encuentra ante la consideración de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara.

¿Protección?

No obstante, a juicio del profesor de Justicia Criminal, Gary Gutiérrez Rentas, el propósito real de la medida es intimidar y disuadir a las personas que protestan de forma legítima.

“Estos son procesos que se dan en preparación para unas medidas que vienen a garantizar unos espacios al capital. Ellos saben que grandes sectores de la sociedad van a ser afectados por esto, y van a responder de la forma que se supone que se responda en una democracia, que es protestando y reclamando agravios al Estado”, expuso.

“La intensión es dejarle saber a la gente lo que le va a pasar a aquellos que estén dispuestos a tirarse a la calle a defender los espacios de humanidad que le quieren ceder al capital”, añadió.

Por su parte, el veterano abogado Martín González Vázquez opinó que el proyecto de ley -según presentando- “es muy amplio, muy ambiguo”.

Asimismo, expuso que “si lo aplicaran a protestantes, yo creo que sería inconstitucional. Le estarían prohibiendo el derecho a la manifestación y las calles son el foro público donde la gente se manifiesta”.

Atentos en Peñuelas

Entretanto, el líder comunitario y portavoz del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa, José Manuel Díaz Pérez, comparó el PC 1348 con la célebre “Ley Tito Kayak” y las enmiendas al Código Penal para prohibir que se interfiera con proyectos en construcción.

“Esta es otra medida más que se trae para criminalizar el derecho a la protesta y a la expresión pública en Puerto Rico. Nosotros en Peñuelas hemos tenido que intervenir directamente con los camiones que transportan cenizas, por nuestra salud, porque ni la Policía y la Junta de Calidad Ambiental han hecho nada para defendernos”, sostuvo.

“Estamos viviendo en un país donde se utiliza el proceso legislativo para abiertamente coartar el derecho de los individuos a resistir las injusticias”, añadió.

Entre los meses de julio y agosto de 2017, la Policía de Puerto Rico proveyó escolta a cientos de camiones que cargaban cenizas de carbón entre la planta AES en Guayama y el vertedero de Peñuelas.

Aunque decenas de manifestantes fueron arrestados por obstruir el paso de los camiones, ningún caso ha prosperado.

“En Peñuelas ya estamos acostumbrados a ver estos esfuerzos legislativos que claramente ponen los intereses de unos pocos por encima de las personas que luchan y se defienden”, puntualizó Díaz Pérez.