Resucitan gravamen de multas de parquímetros a licencias de vehículos en Ponce

Desde el pasado 1ro. de noviembre una avalancha de infracciones ha comenzado a aparecer, tanto en nuevas licencias de vehículos, como en el Reporte de Multas Administrativas que custodia la Directoría de Servicios al Conductor.

Foto Archivo

A siete meses de haber caducado el programa de parquímetros en el casco urbano de Ponce, el Gobierno Municipal ahora enfila sus cañones al cobro de miles de multas.

Como constató La Perla del Sur, desde el pasado 1ro. de noviembre una avalancha de infracciones por parquímetros ha comenzado a aparecer, tanto en nuevas licencias de vehículos, como en el Reporte de Multas Administrativas que custodia la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO).

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La práctica es el resultado de un acuerdo de colaboración -firmado el pasado 15 de septiembre- entre la alcaldesa María Meléndez Altieri y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), que le permite al ayuntamiento ponceño gravar multas administrativas en el sistema DAVID del DISCO.

La alcaldía, empero, no celebró vistas públicas, ni emitió cartas a la ciudadanía o los comerciantes del casco urbano afectados o implicados.

El gravamen tampoco fue parte del acuerdo original entre el ayuntamiento y la empresa operadora de los parquímetros, Urban Transit Solutions, con quien tiene un pleito en los tribunales desde hace meses.

El inusitado gravamen a las licencias de autos ocurre justo cuando la administración municipal experimenta uno de sus peores episodios de insuficiencia económica.

“No hay otra forma de describir esto que no sea como un acto de mezquindad”, expresó sobre el tema el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la legislatura municipal, Justiniano Díaz Maldonado.

“Hay que preguntarse a qué mente se le ocurrió gravar esto ahora, en pleno momento de crisis e incertidumbre por el huracán. Es darle un golpe al que ya está abajo”, continuó. “Yo he visto casos en que ciudadanos han recibido miles de dólares en multas”.

En algunos casos, incluso, conductores que han acudido al CESCO de Ponce para gestionar su marbete han sido instruidos a pagar las infracciones de parquímetros en la Casa Alcaldía de Ponce, como condición para renovar la licencia de sus automóviles.

Por ejemplo, en un informe de multas provisto por un ciudadano se le adjudican 19 infracciones a razón de $30 cada una, incluyendo algunas que se remontan a noviembre de 2015, por la suma global de $570.

De todas, 11 boletos ($330) fueron emitidos hace más de 18 meses.

Segundo intento

Esta, sin embargo, no es la primera vez que la alcaldesa de Ponce ha intentado recurrir a esta práctica para obligar a la ciudadanía a pagar las multas de estacionómetros.

En septiembre de 2016, Meléndez Altieri logró que se cobraran las multas en las renovaciones de marbetes, luego de firmar un acuerdo de colaboración con el DTOP.

La mayoría de las notificaciones, empero, no afloraron hasta después de las elecciones generales.

No obstante, debido al malestar que generó en la ciudadanía y tras serios cuestionamientos sobre la validez del proceso, todos los gravámenes fueron cancelados semanas después.

“Lo que pasó el año pasado es lo mismo que está pasando ahora. Esto no ha pasado por la Legislatura Municipal”, agregó Díaz Maldonado, con lo cual cuestionó la validez del proceso e infracciones.

“El Municipio de Ponce no tiene la facultad para cobrar esas multas porque el Municipio de Ponce no es quien expidió los boletos, eso lo expidió ilegalmente Urban Transit Solutions”, planteó.

“La Legislatura Municipal los autorizó hace 10 años a administrar los parquímetros, pero en esa ordenanza no se les autoriza a emitir multas. Eso tenía que pasar por la Legislatura Municipal otra vez para que la Legislatura los facultara a emitir multas administrativas, en este caso, a nombre del Municipio o a nombre de Urban Transito Solutions. Eso no ocurrió”, insistió.

Ante esto, Díaz Maldonado reclamó a la alcaldesa explicaciones y las razones por las que ahora intenta gestionar el cobro a los conductores.

“Aquí la administración municipal no ha dicho ni una sola palabra sobre esto. No hay explicación alguna. Es irresponsable proceder con algo así sin clarificar el proceso de impugnación de las multas”, dijo el portavoz del PIP.

“Es un acto de mala fe y la forma atropellada en que se hizo puede traer consecuencias. Ha sido bastante irregular la forma en que se gestionó todo esto”, añadió.

¿Multas inválidas?

Por otra parte, una mirada al proceso apunta a que cientos de multas podrían ser declaradas inválidas, al no cumplir con disposiciones de la Ley de Transito.

De acuerdo al Artículo 23.05, inciso (i) de la Ley 24 de 2017 (que enmendó la Ley 22 de Tránsito), las multas administrativas en el permiso de vehículos “no podrán ser reclamadas o cobradas, transcurridos 18 meses de haber sido expedidas, siempre y cuando la licencia del vehículo de motor se haya renovado año tras año o el Departamento haya enviado notificación de cobro”.

A esos fines, la ayudante ejecutiva del director del DISCO, Marivir Rivera Colón, confirmó a La Perla del Sur que toda multa de más de 18 meses que cumpla con esta disposición es inválida y no tiene que ser pagada.

Multas de parquímentros que hayan sido emitidas hace menos de 18 meses, aclaró, sí tendrán que ser pagadas en el ayuntamiento para renovar el marbete.