Buscan aumentar penas de cárcel por uso de armas de fuego

La medida impone una pena de reclusión por un término de 15 años, sin derecho a sentencia suspendida, libertad bajo palabra, beneficios de programas de bonificación o desvío, o alternativa a reclusión a cualquier persona convicta de violar la Ley 404 cuando esta tenga antecedentes penales.

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EL CAPITOLIO – El presidente de la Comisión de Seguridad Publica de la Cámara de Representantes, Félix Lasalle Toro, anunció el jueves, la radicación de un proyecto de ley que fija un término mínimo de 15 años de cárcel a cualquier persona que, habiendo sido previamente convicta por delito grave, tenga, posea o transporte una o más armas de fuego.

“Por los pasados años, Puerto Rico sufre el azote de la criminalidad y a ha experimentado una intensificación de los incidentes violentos. En muchos casos, estos incidentes involucran el uso ilegal de armas de fuego por parte de personas con expedientes criminales, quienes no pueden adquirir las armas legalmente, pero a quienes le son facilitadas ilícitamente por terceras personas. Si bien existen penalidades en nuestro ordenamiento por la simple posesión sin licencia de un arma, las mismas proveen un menor grado de severidad en los casos de personas que no lleven a cabo otro delito mientras se posee el arma.  La realidad es que una persona que evidencia un patrón previo de actividad delictiva y aun así insiste en continuar violentando la ley mediante la posesión ilegal del arma demuestra una actitud de desprecio a la ley que amerita una sanción más severa”, señaló el representante por el Distrito #16 de Isabela, San Sebastián y Las Marías en declaraciones escritas.

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Se trata del Proyecto de la Cámara 967, radicado en el mes de abril y el cual busca añadir un nuevo Artículo 5.22 a la Ley 404-2000, mejor conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, a los fines de establecer las nuevas penalidades.

La medida impone una pena de reclusión por un término de 15 años, sin derecho a sentencia suspendida, libertad bajo palabra, beneficios de programas de bonificación o desvío o alternativa a reclusión a cualquier persona convicta de violar la Ley 404 cuando esta tenga antecedentes penales. De mediar circunstancias atenuantes la pena podrá reducirse hasta no menos de 10 y de mediar agravantes aumentarse hasta un máximo de 20 años.

Según explicó Lasalle Toro, en el ámbito federal, existe una disposición, bajo 18 USC 922 (g)(1) que impone a cualquier persona que haya sido convicta de delito grave en cualquier tribunal estatal o federal una prohibición absoluta de tener en su posesión cualquier arma de fuego o municiones.

“Ante la realidad del caso Sánchez Valle v. Commonwealth of Puerto Rico, donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en votación de 6-2 confirmó la determinación de la corte de distrito de que el Estado Libre Asociado (ELA) no tiene soberanía propia para fines de la cláusula constitucional federal contra la doble exposición en casos criminales,  es más importante que nunca, que nuestro ordenamiento estatal cuente con las herramientas atender este tipo de violación desafiante del ordenamiento legal sobre las armas”, agregó el representante.