Aseguran que el cierre del ICF en Ponce es un “ahorro por encima de la desgracia”

El traslado de la Unidad de Investigaciones de Ciencias Forenses de Ponce a San Juan pone en jaque procesos que van desde el levantamiento de evidencia para la convicción de un crimen hasta la entrega de un cadáver en descomposición a los familiares del occiso.

Archivo / Foto Coral N. Negrón

Desde el atraso en las investigaciones por asesinatos, tropiezos en la radicación de cargos criminales hasta inconsolables familias en la espera del cadáver de un ser querido para su debido sepelio, son aspectos que se anticipan con el cierre de la unidad regional del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) en Ponce, efectivo este viernes, 1 de septiembre.

Unos 14 investigadores del ICF en el Precinto 158, en la Calle Villa de Ponce, serán trasladados a la oficina central en San Juan, pese a los cuestionamientos levantados a inicios de este mes, por parte del presidente de la Unión de Empleados del Instituto de Ciencias Forenses, Carlos Vélez Miranda, en torno a las razones para este “retroceso”. Resulta que, el trabajo que realizaban en la zona Sur estos investigadores del ICF estará ahora a cargo del personal de Servicios Técnicos de la Policía de Puerto Rico, como 15 años atrás.

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Mientras, el director ejecutivo del Negociado de Ciencias Forenses, Dr. Edwin Crespo Torres se reafirma en “la necesidad de los traslados para reforzar su trabajo en las zonas de mayor incidencia criminal”.

Ni Crespo Torres ni la fiscal de Distrito, Marjorie Gierbolini, estuvieron disponibles para entrevista con La Perla del Sur, según dio a conocer la oficial de prensa, Mariana Cobián, quien dijo “por el momento no vamos a emitir más comentarios”.

Hasta el momento, Crespo Torres a expresado públicamente que los agentes de Servicios Técnicos tienen la capacidad y el adiestramiento para investigar rigurosamente las escenas del crimen. Queda por contestar si estas unidades de Servicios Técnicos en la Zona Sur podrán atender el volumen de trabajo que demanda la incidencia criminal en la región, donde en los pasados diez años los asesinatos ascienden a sobre 100 casos por año, según plantearon altos oficiales. Ante esta interrogante, también cabe preguntarse si a la larga este cierre rendirá ahorros, como ha planteado Crespo Torres aunque sin precisar cuánto.

CIC tendría que priorizar investigaciones

Los jefes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en Guayama y Ponce, coincidieron en que “ahora las unidades de Servicios Técnicos van a necesitar más personal”. A preguntas, el capitán Miguel A. Figueroa Lugo y el capitán Joel González, respectivamente, señalaron que en cada región hay asignados entre seis y siete técnicos capaces de atender las escenas de crimen.

“Las estadísticas de asesinatos en los últimos diez años rondan cerca de sobre cien por año”, estableció el director del CIC en Ponce para dejar constar que en esta región solo hay siete agentes de Servicios Técnicos, más uno que está en adiestramiento y otro que está desarmado.

“Esto me trae la problemática de que cuando vamos a la escena para levantar evidencia en el proceso investigativo -algo que toma entre tres a ocho horas, dependiendo de su naturaleza- con siete agentes vamos a tener paralizada el área para (atender) los escalamientos, las apropiaciones ilegales, los robos y otros delitos Tipo I que caigan”, apuntó el Capitán González.

Por su parte, el Capitán Figueroa Lugo, director del CIC en Guayama, dijo que su región hay seis agentes y un supervisor. Aunque sostuvo que su personal está tan capacitado como el del ICF para trabajar las escenas y en cierta medida agilizarían los trabajos -porque no tendrían que esperar a que llegue un investigador forense para levantar la evidencia- reconoció que ahora el agente tendrá que sacar un día adicional de su jornada para llevar la prueba hasta San Juan.

“Por un lado se afecta y por otro no. Hay que esperar a cuando llegue el momento, a ver cómo nosotros vamos a lidiar con esto”, dijo el oficial del CIC en Guayama. “En algún momento, sí va a haber que reforzar la unidad de Servicios Técnicos porque lógicamente va a ser un poco más de peso”, reconoció.

Aunque ambos oficiales reconocen que los agentes de Servicios Técnicos tienen la capacidad y están preparados para realizar las investigaciones y levantar evidencia científica en las escenas del crimen “el problema es el volumen de cantidad (de casos) vs la cantidad de técnicos”, acotó González del CIC en Ponce.

Hasta ahora, los asesinatos en las regiones de Aguadilla y Mayagüez eran los únicos en ser atendidos por las unidades de Servicios Técnicos de la Policía, según el Capitán González, quien dirigió la División de Homicidios en Mayagüez hasta el año pasado. Empero, destacó que no se puede comparar con el volumen de casos en esta zona donde hay siete técnicos, mientras que en el oeste el volumen de casos es de menos de 30 asesinatos al año y cuentan con 12 técnicos, apuntó.

El “ahorro” por encima del dolor de las familias

Los 14 empleados del ICF en Ponce recibieron una notificación el pasado 4 de agosto, explicando que el traslado obedece a ahorros necesarios, “sin tomar en consideración la Ley 26 ni el convenio colectivo”, según apuntó presidente de la sindical Servidores Públicos Unidos (SPU), Carlos Vélez Miranda, quien lleva 13 años como investigador forense.

Recordó que esta unidad de investigadores forenses en el Sur fue requerida por la misma Policía de Puerto Rico en 2004, debido a la alta incidencia criminal. El líder obrero asegura que una vez conformada esta unidad en Ponce, la incidencia ha bajado porque ha reflejado ser efectiva en la convicción de los delitos.

Mientras, Vélez Miranda, pasa cuentas de lo oneroso que resultaría -por ejemplo- para las familias de personas fallecidas, tener que trasladarse de ahora en adelante a San Juan para identificar un cadáver, pues resulta que la autopsia inicia con el proceso de entrevista para identificar las posibles causas de muerte.

En el 2016 se realizaron 501 entrevistas. En lo que va de año, se han dado en Ponce 263 entrevistas. “Al mandarlas para San Juan se atrasará más el proceso de autopsia. Se van a dar cuenta de la falta de servicio (en Ponce) cuando se les muera un familiar”, martilló Vélez Miranda.

Recientemente ha sido reseñado en la prensa que, el ICF no da abasto con la demanda de autopsias y familias han recibido el cadáver de su ser querido en estado de descomposición. “Los cuerpos se están entregando quince días más tarde”, señaló Vélez Miranda.

Cuestionó además un memorando del ICF que explica que el traslado se da para allegar ahorros, “pero esto falta a la verdad porque nosotros no pagamos ni luz ni agua, ni alquiler porque estamos adoptados por la Policia de Puerto Rico (en el cuartel del Precinto Villa). Sobre el planteamiento de que será para prestar un servicio más eficiente, opinó que “también falta a la verdad porque ya no vamos a estar cubriendo escena policiaca de Guayama y Ponce. Ahora lo estará haciendo Servicios Tecnicos como se hacia quince años atrás”, sentenció.

Datos en la página del ICF apuntan a que, desde agosto de 2012, Ponce cuenta con un laboratorio propio de balística, donde peritos comparan proyectiles y casquillos de armas de fuego, evalúan armas mutiladas y disparos accidentales, entre otras comparaciones. Este laboratorio fue remodelado -entonces- a una inversión de $183,000, según apuntes de prensa.

Según la información, este laboratorio fue el primero a nivel regional, creado en 1968 para cubrir las regiones Sur y Oeste -desde Aguadilla hasta Patillas- con el fin de descentralizar los casos de sustancias controladas. “La función principal de este laboratorio es recibir la evidencia física ocupada por los agentes del orden público”, dicta la descripción del laboratorio en la página del ICF. Esta evidencia es solicitada por el ministerio público para poder someter los casos por sustancias controladas. La decomisión de estas sustancias luego pasa a manos de ASSMCA y/o el Departamento de Justicia.

¿Inminente la radicación de cargos a inocentes?

El profesor Fernando Luis Peña Mirabal, quien ofrece cursos de Justicia Criminal y Derecho en la Universidad del Turabo en Ponce destacó que “la investigación forense es un pilar en el proceso judicial y esencial para lograr una convicción”.

“Servicios Técnicos de la policía son quienes harán los trabajos forenses. Como la mayoría de las agencias del gobierno están under staffed (bajo personal), overworkek (con mucho trabajo) sin los equipos técnicos o tecnológicos para llevar acabo investigaciones forenses que puedan prevalecer en corte”, opinó a preguntas de este medio.

“Cualquier reducción de recursos (personal, equipo, costos , etc) no hay duda que va afectar el desempeño de la labor de investigación forense y su efectividad. Además de verse reducidos las oportunidades de empleo para nuestros estudiantes (graduados) dentro del campo de las ciencias Forenses”, opinó el criminólogo.

Por su parte, el presidente de SPU insiste en que el peritaje de un investigador forense no se compara con el de un agente del orden público.

“El fiscal hace su trabajo y nosotros cubrimos la escena de una manera científica. Todo es un complemento para radicar en el Tribunal. Si la persona (sospechosa) es culpable bien, pero si no, se exonera. Ahora, la Policía va a llegar a unas conclusiones… pero el trabajo de nosotros complementaba. Quizás ellos (los policías) piensen que hay una persona (sospechosa), pero puede ser que sea otra (al surgir la evidencia científica)”, concluyó Vélez Miranda.