PC 714: Un “cheque en blanco” a la alcaldesa para controlar el PLA

La propuesta elimina lenguaje de la Ley que persigue la contratación de un operador de calibre internacional y la búsqueda de un administrador que desarrolle las zonas de valor añadido.

Foto Archivo

PONCE- Durante una actividad oficial celebrada el pasado viernes a pasos de las inertes grúas post-panamax del Puerto de Las Américas (PLA), la alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, recibió al gobernador de Puerto Rico y legisladores de la zona para celebrar lo que a todas luces es el regreso de la llamada “Solución Ponceña”.

Tras resistirse por años a integrarse al proceso de desarrollo del proyecto portuario, Meléndez Altieri recibirá nuevamente el control absoluto del mismo, de aprobarse el Proyecto de la Cámara (PC) 714.

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La medida, radicada el pasado 31 de enero por el representante novoprogresista Víctor Torres González, persigue posicionar a su correligionaria en la presidencia de la Autoridad del Puerto de Ponce (APP), justo cuando la firma PORTEK negocia con potenciales clientes de carga su ingreso al terminal sureño.

Pero más allá de consolidar el control del proyecto en la alcaldesa, una revisión al PC 714 revela cómo esta medida también elimina importantes objetivos.

Entre ellos, la contratación prioritaria de un operador portuario de calibre internacional. También, la búsqueda de un administrador para desarrollar las zonas de valor añadido.

El PC 714 además altera el lenguaje de la Ley 240, al proponer que se exima a los miembros de la Junta de Directores de la APP del requisito de “experiencia en el comercio marítimo internacional” y les elimina el requerimiento de reuniones mensuales.

Asimismo, descarta la cláusula donde se prohíbe que funcionarios electos o personas que hayan participado de elecciones políticas puedan formar parte de la junta.

En resumen, el PC 714 es un proyecto ambiguo que carece de propuestas concretas para el desarrollo del PLA a corto, mediano y largo plazo.

“Un asunto preocupante”

Pero más aún, el proyecto legislativo levanta serias interrogantes, a juicio del saliente director ejecutivo de la APP, Carlos Iván Mejía Algarín.

“Se pueden flexibilizar unos asuntos, pero hay que tener cuidado”, advirtió quien ha timoneado el proyecto desde el año 2014. “Mi mensaje sería que se tienen que sumar todo los cambios y puntos que se quieren eliminar, para ver el resultado final. La pregunta es si queda una noción clara de qué es lo que va a hacer esta entidad (APP)”.

“Creo que es importante establecer objetivos en la ley”, agregó a La Perla del Sur. “Puedo entender que se busque flexibilizar ciertas áreas, pero si eso desemboca en que no haya dirección u objetivo alguno, entonces es un asunto preocupante”.

Sobre la eliminación del lenguaje que establece como prioridad la contratación de un operador de calibre internacional, Mejía Algarín admitió que, si ocurre, se dejaría la puerta abierta para redefinir el proyecto.

“Ciertamente, el mejor escenario -y de eso no debe haber duda- es lograr una concesión de largo plazo con un operador privado”.

“Creo que esto levanta unas preocupaciones y habría que ver con qué objetivos se están haciendo estos cambios, para ver su validez”, añadió.

Un retroceso

Por su parte, el abogado e integrante de la Coalición del Sur, Rolando Emmanuelli Jiménez, calificó la medida como un esfuerzo de protagonismo político.

“Esto es un claro intento de volver a politizar el Puerto de Las Américas para usarlo como balón político”, expuso. “Los problemas del puerto no se van a arreglar con nombrar allegados políticos de la alcaldesa a la Junta”.

“La alcaldesa ya tuvo el control de este proyecto con la fracasada ‘Solución Ponceña’ y ni siquiera dio los pasos para nombrar la Junta de Directores. Fue un fracaso absoluto y ahora quieren regresar a ese modelo jurídico”, sostuvo.

Tras asumir la Casa Alcaldía en enero de 2009, Meléndez Altieri apoyó el que el entonces gobernador novoprogresista Luis Fortuño Burset controlara desde La Fortaleza las negociaciones con potenciales operadores.

Durante este periodo, la alcaldesa incluso rechazó un proyecto legislativo del senador novoprogresista Larry Seilhamer Rodríguez para que el primer ejecutivo municipal de Ponce asumiera la presidencia de la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Las Américas (APA).

Luego de que las negociaciones de la administración Fortuño fracasaran, se aprobó en diciembre de 2011 la Ley 240 -denominada como la “Solución Ponceña”- con la cual se concedió a Meléndez Altieri el control del proyecto.

No obstante, durante su vigencia la alcaldesa no nombró a los integrantes de la Junta de Directores de la nueva Autoridad del Puerto de Ponce, como dictaba la ley.

Siete meses después, el gobernador Fortuño Burset aprobó la Ley 136 que autorizó una línea de crédito de $59 millones para desarrollos en el puerto. Aun así, Meléndez Altieri no solicitó los fondos durante los restantes seis meses de esa administración.

Sin avance significativo a lo largo de dos años bajo la “Solución Ponceña”, la ley fue enmendada en diciembre de 2013 para devolverle el control mayoritario de la junta al gobierno central.

Desde entonces, Meléndez Altieri se ha negado a nombrar a ese cuerpo los tres miembros que le corresponde y ha arrastrado los pies para cumplir con uno de los requisitos de la ley: transferir los activos portuarios ponceños a la Autoridad del Puerto de Ponce.

“El récord de la alcaldesa a lo largo de los años ha sido de oposición y obstrucción al puerto. No nombra miembros a la junta, no solicita los fondos asignados, no hace el traspaso de los activos. Es una tragedia que a estas alturas, pretendan seguir usando el puerto como un balón político”, insistió Emmanuelli Jiménez.

“La señora alcaldesa no ha aportado un ápice al desarrollo de ese puerto. Lo que ha hecho es detenerlo constantemente y ya es hora de preguntarnos por qué”, sentenció.