Apretarán la mano contra la criminalidad

Foto: Visualhunt

Ante el avance en las estadísticas del crimen, el gobierno aceleró su plan para atacarla con la consolidación de varias agencias de seguridad, endurecer las penas en ciertos delitos, atribuirle nuevas funciones a los jueces del Tribunal de Apelaciones, hacer cambios en las reglas de procedimiento criminal y el código penal, restringir el derecho a la fianza y liberalizar la entrada de evidencia en la vista  preliminar, entre otra medidas de pura mano dura.

La propuesta para crear un Departamento de Seguridad Pública (DSP) permitiría el ahorro de millones en fondos públicos en su fase administrativa, que podría invertirse para las operaciones de interdicción e inteligencia.

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Muchas de estas medidas están contempladas en el Plan para Puerto Rico.

Se había revelado que la mayor parte de los delitos contra las personas y la propiedad en Puerto Rico están vinculados con el narcotráfico y la adicción a las drogas ilegales.

El 55% o más, según estadísticas de la Policía, de los asesinatos, robos, agresiones, escalamientos, apropiaciones ilegales y los hurtos de autos tienen de telón de fondo la búsqueda insaciable de dinero por cualquier medio para satisfacer la adicción o para proteger y promover el narcotráfico.

Entre el 2000 y el 2015 fueron asesinadas unas 14,150 personas, casi el 90% a tiros.

La inestabilidad social que se evidencia en este cuadro se recrudece cuando surge que hasta el 74% de la incidencia criminal ocurre en las vías públicas.

Hace unos días, la jefa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Sussana Roig Fuertes, anunció una iniciativa para que los adictos tengan más acceso a los programas. No se indicó si la agencia modificará su política conservadora sobre la adicción y si se incrementará sus recursos.

El DSP crea diversos negociados, cada uno regido por un comisionado, de las actuales Policía de Puerto Rico, Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) e Instituto de Ciencias Forenses (ICF),  ahora ambos bajo el Departamento de Justicia.

También estarán bajo el DSP el Cuerpo de Bomberos, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Sistema de Emergencias 9-1-1 y el Cuerpo de Emergencias Médicas.

Varias de estas agencias, en este momento, tienen una junta de directores que las rige, como el ICF, que preside el Secretario de Justicia, y la Aemead.

El ICF dejó de ser a mediados de la década de 1980 una agencia adscrita a la Policía cuando, en la investigación del caso Maravilla, se evidenció que manipulaba evidencia que servía tanto para encausar inocentes como para exculpar culpables, entre ellos policías.

Mientras, el NIE, con limitada jurisdicción, se creó en el verano de 1978 precisamente para, entre otras funciones, investigar la corrupción gubernamental y la policíaca. Fue el NIE la agencia que le llevó a los federales la necesidad de investigar a fondo y mediante más amplios recursos al entonces coronel Alejo Maldonado.

Ahora el ICF regresa bajo un mismo techo de la Policía.

Se supone que todas estas agencias funciones “de manera integrada”. En vista de que el proyecto que crea el DSP no se ha hecho público, no se sabe en qué medida el NIE mantiene sus funciones y se le permitirá investigar a otras agencias investigativas sin que se revele o alguien advierta sus investigaciones confidenciales.

Al momento el NIE y el ICF son nombrados por el Secretario de Justicia. Con el proyecto se pretende que los designe el gobernador con consentimiento senatorial.

Las expectativas de la administración son que al rehacer el rompecabezas administrativo de la seguridad pública surja mayor eficacia en la batalla contra el crimen.

Roig Fuertes había revelado que “el problema no es solo la adicción, sino que ese adicto tiene otros asuntos que si no son atendidos, su problema principal, que es su persona, no va a lograr la recuperación que necesita”.

La Regla 23 (c), de vista preliminar, será revisada para que en la VP vista se pueda presentar la prueba de campo de sustancias controladas y los estimados de daños, cuantías o reparaciones “sin tener que presentar a una persona en particular que trabajó documento con miras a evitar dilaciones innecesarias en dicha etapa y propiciar justicia rápida”.

En este momento el gobierno tiene varias instancias adicionales, que no tiene la defensa, para lograr que un juez revise aquellas determinaciones que no le favorecen, como la regla 6 en alzada y la VP en alzada.

También se propondrá que un juez del Tribnal de Apelaciones pueda dictar órdenes de arresto a quien se le impute un delito.

En esa dirección de mano dura, se enmendará la Regla 22 para que una persona sea fichada tan pronto es arrestada y antes de que un juez le haya encontrado causa para arresto.

Otra iniciativa, críptica aun porque no es clara, enmendará el inciso (n) de la Regla 64 de Procedimiento Criminal para darle “mayor claridad a los términos de desestimación que corresponden a cada etapa del proceso”.

Varias de las enmiendas propuestas solo uniforman las reglas estatales de procedimiento criminal a la de los federales.

Por otro lado, las violaciones a las condiciones de libertad bajo fianza provocarán una revocación automática a la fianza y el ingreso a prisión.

En una reciente conversación, el asesor legal en La Fortaleza, Orona, no quiso confirmar que la superintendente de la Policía, Michelle Hernández, quien tiene fuerte oposición a su desempeño entre la Policía.

Se supo que el ex agente del FBI y actual asesor de seguridad de La Fortaleza, Héctor González, se menciona como un posible candidato.

La administración también enmendará el Código Penal para hacer más duras algunas penas que, se quejó, fueron reducidas bajo la pasada administración.

Otra enmienda que con toda posibilidad se apruebe y se convierta en ley es la que “restituye” como delito grave “la obstrucción o paralización de obras de construcción con los permisos necesarios, incluyendo el impedir la entrada o el acceso y/o ocupar los terrenos”. Esta enmienda de la pasada administración de le llamó la “enmienda Tito Kayach”, quien se ha hecho famoso invadiendo lugares e impidiendo desarrollos para promover su visión ecológica.

También se restableció como delito menos grave el Artículo 247 que penaliza la obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza y de salud o edificios donde se ofrecen servicios al público.

Aunque no tienen tangencias directas con el derecho a huelga que provee la Constitución, de la manera en que se desarrollan paros y huelgas en Puerto Rico, en que algunos se les imposibilita la entrada a sus centros de trabajo, la ley puede aplicarse si hay obstrucción.

No obstante, en una huelga universitaria en la que el Consejo General de Estudiantes decida paralizar los recintos e impedir la entrada, podrían aplicar estas enmiendas.

También se prohíbe el uso de máscaras “en la comisión de un delito cuando se utiliza para alterar o intervenir en actividades ordinarias de una institución educativa”. “Alterar” o “intervenir” serían conceptos a ser mejor definidos.

“Se enmienda además el Artículo 246 de Resistencia u obstrucción a la autoridad pública para incluir que demorar, estorbar u obstruir a un funcionario público se configura el delito. La pasada administración eliminó estas modalidades”, se indica en el comunicado de prensa de La Fortaleza.