Alcaldía de Ponce gasta miles en fondos públicos para ocultar datos públicos

Solo al bufete Cancio Nadal, la administración de la alcaldesa María Mélendez Altieri ha pagado sobre $1.6 millones desde agosto del 2009. (Foto archivo)

PONCE- Solo durante los pasados 14 meses, la alcaldesa María Meléndez Altieri ha concedido $295 mil en contratos al bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz (CNR&D), firma que desde el pasado mes de octubre defiende al ayuntamiento para impedir la entrega de información pública, relacionada al reclutamiento de nuevo personal en la Casa Alcaldía de Ponce.

El pleito, radicado por el legislador del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Irizarry Pabón, intenta demostrar cómo el propio ayuntamiento ha violado la Ordenanza 50 del año 2013, al contratar a decenas de empleados mientras impera en la Alcaldía de Ponce la congelación de plazas y el recorte de jornada laboral.

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A pesar del jugoso acuerdo con el bufete de San Juan, el Tribunal de Apelaciones ordenó recientemente a la administración municipal de Ponce que entregue los datos de nómina reclamados, incluyendo los nombres, puestos y salarios de los empleados de confianza, regulares y transitorios.

El ayuntamiento, empero, ha anunciado que apelará el dictamen y recurrirá al Tribunal Supremo, por lo que el gasto en asesoría externa podría elevarse aún más.

A manos llenas

El más reciente de los contratos con el bufete CNR&D fue aprobado por la alcaldesa el pasado 30 de junio, a cambio de “servicios de consultoría” durante seis meses y un tope de $100 mil en pagos.

Nueve días antes, la misma firma logró que se enmendara un contrato existente, por nueve días de “servicios profesionales” y un pago de $10 mil.

Este ajuste se sumó a un contrato de servicios de $60 mil, otorgado el 9 de febrero, con vigencia hasta el cierre del pasado año fiscal.

Con estos acuerdos, el gasto de la administración de Mélendez Altieri en servicios legales externos pagados solo a CNR&D desde agosto de 2009 se elevó a más de $1.6 millones.

“Sin duda, debería ser pública”

La negativa del ayuntamiento ponceño a entregar los datos solicitados, sin embargo, es contraria a su responsabilidad de promover un ambiente de transparencia en el manejo de las finanzas públicas, advirtió la periodista y directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Carla Minet.

“La información no solamente es pública, si no que el Gobierno viene obligado a proactivamente divulgar esa información, sin que se le tengan que requerir”, expresó.

“Realmente, el Municipio debería estar considerando no solamente dar los documentos que le han pedido, si no proactivamente mantener al público, la ciudadanía y a sus constituyentes informados sobre cómo usan los fondos públicos, incluyendo la nómina”, añadió.

El CPI demandó al Gobierno de Puerto Rico en junio de 2015 para exigir la entrega de documentos públicos, incluyendo la lista de las empresas de fondos de cobertura que adquirieron deuda del Gobierno Central. Tras ganar el pleito, la organización recibió parte de ellos el pasado mes de agosto.

“En este caso, el manejo que se ha estado haciendo por parte del Municipio, de (usar) distintos mecanismos para retrasar la entrega de información y el costo que eso conlleva para el erario municipal, es un derroche de fondos”, concluyó la directora ejecutiva del CPI.