Candidatos arrastran violaciones a la Ley Electoral

Un total de 10 aspirantes a cargos electivos en la zona sur, incluyendo tres alcaldes y dos legisladores, han sido señalados por la Oficina del Contralor Electoral (OCE) por incumplir con disposiciones de la Ley Electoral.

Las infracciones cometidas incluyen la evasión de miles de dólares en donativos que no fueron depositados en cuentas oficiales de campaña, falta de controles internos, de transparencia e incumplimiento con la entrega de registros financieros.

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Entre las violaciones resalta una del Comité Municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Peñuelas. Presidido durante la pasada contienda por el hoy aspirante al senado Nelson Cruz Santiago, el colectivo no depositó $7,682 de donativos recibidos durante la campaña.

El comité, además, incumplió con el requisito de rendir informes de ingresos y gastos correspondientes a los periodos del 1 al 15 de noviembre de 2012 y del 1 al 31 de diciembre de 2012.

Asimismo, realizó 12 retiros del fondo “petty cash” por una cantidad mayor a lo establecido de $250, totalizando $9,038.

Estas omisiones, desglosadas en el Informe de Auditoría OCE-14-118 de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), representan violaciones a los artículos 7.011 y 8.000 de la Ley 222 para la Fiscalización de Campañas Políticas, al igual que la sección 3.1 del Reglamento número 14 de la OCE.

“Las pruebas efectuadas y evidencia presentada por el presidente del Comité Municipal (Nelson Cruz Santiago) revelaron que el financiamiento de la campaña eleccionaria y las operaciones del Comité, para las elecciones generales del 2012, no se realizaron acorde con las leyes y reglamentos aplicables”, reza el informe obtenido por La Perla del Sur.

A pesar del reclamo de la OCE, Cruz Santiago no presentó una aclaración específica sobre estas deficiencias, por lo que se determinó que las mismas prevalecen. A raíz de esto, al Comité Municipal del PNP en Peñuelas se impuso una multa total de $2,500.

Violaciones “subsanadas”

Otra auditoría del OCE al alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, reveló que el funcionario no mantuvo una cuenta bancaria independiente para su campaña del 2012, mientras pagó en efectivo todo lo relacionado a su candidatura, utilizando fondos personales ($15,907).

Esto, explica la auditoría de la OCE, “propició que no se mantuviera registros claros de las transacciones relacionadas al financiamiento de su campaña y separados de las transacciones financieras personales”.

Esta práctica violentó el artículo 7.011 de la Ley 222 y pudo exponer a Questell Alvarado a miles de dólares en multas de la OCE.

No obstante en octubre de 2014, casi dos años después a su reelección, Questell Alvarado “subsanó” esta y otras violaciones, gracias a una deferente disposición incluida en la Ley 222.

Con esto, el hoy alcalde y candidato a reelección se liberó de ser sancionado por el Contralor Electoral.

“Ahora mismo la ley establece que siempre que hagamos un proceso de investigación o auditoria, tenemos que enviarle al candidato los señalamientos para que los pueda subsanar y, ya subsanado, no se puede proceder”, explicó el comisionado electoral Manuel Torres Nieves.

“Entiendo que en cualquier proceso de auditoria eso se acostumbra, pero yo entiendo que hay unas violaciones a la ley que no deberían poderse subsanar, una vez el proceso de auditoria ya se ha efectuado”, afirmó.

De igual forma, el representante y candidato a la Casa Alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático (PPD), Víctor Vassallo Anadón, evito ser sancionado por la OCE al subsanar infracciones detectadas durante su campaña de reelección a la Cámara de Representantes en el 2012.

Aun así, la OCE detectó deficiencias en los controles internos de su pasada campaña, incluyendo falta de registros de desembolsos, facturas y suplidores; un sistema de archivo de documentos deficiente, depósitos de contribuciones tardíos, una docena de pagos en exceso de $250 y no haber depositado $4,600 en la cuenta bancaria de la campaña.

Asimismo, una revisión a los expedientes de la OCE reveló que contra el aspirante a Representante por el Distrito 24, José Alberto Banchs Alemán, hay una querella pendiente de adjudicar por alegadamente instalar rótulos políticos sin tener aún registrado un comité de campaña.

La querella fue radicada por Samuel González Acevedo en marzo de 2015, mientras que el comité de campaña de Banchs Alemán fue certificado en diciembre de 2015, según consta en la “Radicación de Organización” registrado por el aspirante ante la OCE.

Arrastran los pies para entregar estados

Por otra parte, siete aspirantes a cargos electivos en el sur han sido sancionados desde las pasadas elecciones por incumplir con su responsabilidad de someter datos requeridos sobre sus ingresos y gastos políticos.

Entre estos figura la alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, quien el pasado mes de diciembre pagó $2,000 en multas administrativas al incumplimir con la entrega de cuatro informes -dos del Comité Municipal del PNP en Ponce y dos de su campaña de reelección- correspondientes a los años 2013 y 2014.

El pago, empero, se efectuó más de un año después de ser multada.

Por su parte, a la candidata del PNP para la Alcaldía de Guayama, Glorimari Jaime Rodríguez, se multó por $2,500 al no someter informes de ingresos y gastos correspondientes a cinco periodos, entre diciembre de 2012 y marzo del 2014.

De estos, una multa de $500 es eje de litigio en los tribunales, mientras que los restantes $2,000 están en “gestión de cobro”, según confirmó la OCE a La Perla del Sur el pasado 5 de febrero.

Las multas emitidas por la OCE a Jaime Rodríguez llevan meses pendientes de pago, aun cuando su campaña reportó ingresos por $19,301 durante el año 2015.

De igual forma, a la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, se le impusieron multas que totalizan $2,000 por no entregar informes del Comité Municipal del PPD -el cual preside- correspondientes a los cuatro periodos del 2013. Las sanciones fueron notificadas a la Alcaldesa en septiembre y octubre de 2014.

En el caso del senador y aspirante a la Casa Alcaldía de Guánica, Martín Vargas Morales, su multa por la entrega tardía de informes detallados suma $1,600.

Esta sanción fue notificada a Vargas Morales en octubre de 2012. No obstante, La Perla del Sur supo que al 5 de febrero, seguía en proceso de “transacción”, para el pago de una cantidad menor mediante acuerdo.

El actual senador es el segundo político sureño que más fondos políticos recaudó durante el año 2015, con $43,087 en ingresos.

Otros a quienes se impusieron multas de $500 por no radicar informes de ingresos y gastos de los comités municipales que presidieron durante las pasadas elecciones son el candidato a alcalde de Santa Isabel por el PPD Marcos Martínez León, el hoy aspirante a representante del Distrito 24 por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), José Víctor Madera Cabán, y el candidato a alcalde de Salinas por el PIP, Víctor Alvarado Guzmán.

En el caso de estos últimos dos, se encuentran en el proceso de “transacción”, mientras que la multa impuesta a Martínez León se encuentra en gestión de cobro.