“Lo que pide la Junta de Control Fiscal sería un desastre mayor para el país”

“Un golpe de sobre $300 millones para los municipios sería desastroso”, aseguró el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres.

PONCE- Eliminar los subsidios a municipios, como ha recomendado por escrito la Junta de Control Fiscal (JCF), llevaría a decenas de alcaldías a una crisis económica sin precedente en la historia moderna del país, concluyeron alcaldes consultados por La Perla del Sur.

En el documento de 14 páginas de la JCF, dirigido días atrás al gobernador Ricardo Roselló Nevares, propone una lista de medidas drásticas para aumentar los ingresos en $1,500 millones mediante cambios al sistema de contribuciones y recortar los gastos en al menos $3,000 millones para el año fiscal 2019.

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Entre ellos se menciona un recorte de $1,000 millones a la Reforma de Salud, una merma de 10 por ciento en el costo de las pensiones y una reducción de $300 millones a la Universidad de Puerto Rico, entre otros.

No obstante, a juicio del alcalde juanadino, Ramón Hernández Torres, la eliminación de aportaciones estatales a los municipios -que en combinación con la cancelación de subsidios a empresas privadas debe provocar sobre $400 millones en ahorros para el Estado- sería la hecatombe para las ya atribuladas finanzas en decenas de alcaldías, con consecuencias directas sobre la nómina y los servicios básicos a la ciudadanía.

“Un golpe de sobre $300 millones para los municipios sería desastroso”, aseguró. “Lograr lo que pide la Junta sería un desastre mayor para el país”.

“A mí me preocupa sobremanera la contribución sobre la propiedad, que es una de las recomendaciones que hace la Junta de Control Fiscal. Si el Estado nos quita esa contribución, sería un caos mayor para los municipios. En el caso de Juana Díaz, estamos hablando de $3.5 millones (del presupuesto)”, agregó.

Por su parte, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, estimó que hasta 60 ayuntamientos, en su mayoría de pequeña y mediana escala, se volverían insolventes e inoperantes de eliminarse los subsidios.

En el caso de su municipio, indicó que la pérdida de remesas del CRIM sería por $4 millones, equivalente a una tercera parte de su presupuesto.

“Mi municipio tiene un superávit y está estable, así que quizás podría sobrevivir, aunque en una escala mucho menor, pero los que ya están operando con déficits difícilmente aguantan un golpe así”, expuso.

“Estamos hablando de la posibilidad de despidos en masa, con miles de personas afuera de un día para otro”, añadió. “Sería la Ley 7 para los empleados municipales”.

“Aquí hay que ver realmente quién subsidia a quién”, argumentó por su parte el alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán. “La casa se tiene que poner en orden, pero no puede ser a costillas de los municipios que muchas veces tienen que hacer el trabajo del Estado a la hora de brindar los servicios”.

Sobre este tema, Hernández Torres planteó que el subsidio neto del Estado se reduce significativamente cada vez que se contabilizan las aportaciones que están obligados a cumplir los ayuntamientos.

“Los municipios reciben alrededor de $300 millones en subsidios por transferencia, pero nosotros tenemos que devolverle al gobierno de Puerto Rico en aportaciones y leyes especiales, además de la Reforma de Salud, sobre $150 millones. Así que la realidad es que el subsidio que reciben los municipios es de entre $150 millones a $160 millones al año y hacemos maravillas con ello”, explicó.

“Decir que los municipios son una carga para el país es totalmente equivocado y demuestra que no conocen cómo operan”, abundó Hernández Torres. “El Estado no tiene la capacidad para bregar con muchas de las tareas que han tenido que asumir los municipios”.

El alcalde juanadino reclamó, además, que cualquier intento de recortar fondos a las alcaldías debe estar acompañado de un plan para mejorar el desempeño de las agencias estatales en los pueblos, con lo cual se evitarían gastos innecesarios a las alcaldías.

“La cantidad de luminarias inservibles que tenemos es increíble y por más solicitudes que se le hacen a la Autoridad de Energía Eléctrica, no agilizan el proceso. También está el problema constante que tenemos con Acueductos y Alcantarillados, que cada vez que hacen un roto en la carretera, dejan una valla y se van, y que el Municipio resuelva. Eso nos cuesta”, criticó.

Por último, los alcaldes apuntaron al cobro por recogido de desperdicios sólidos -con una tarifa de entre $2.50 a $10 por vivienda-, la imposición de un marbete municipal y la revisión de tarifas existentes de contribuciones y costos de servicios como algunas de las medidas que se han mencionado para enfrentar la potencial situación.

“A la Junta le tenemos que hacer frente todos como puertorriqueños. La imposición de la Junta y, sobre todo, los criterios que ellos entienden debe adoptar el Gobierno de Puerto Rico lo que viene es a empeorar la crisis humanitaria que está viviendo mucha gente en el país”, concluyó Hernández Torres.