Abogados y consultores facturan más de $70 millones por cinco meses de servicio

Tanto estas como las facturas que se emitan por los cinco casos de quiebra gubernamental en curso son y serán costeadas con fondos públicos de Puerto Rico.

Foto archivo

Aunque el proceso judicial que atiende la quiebra del Gobierno de Puerto Rico aún se halla en su etapa inicial, casi una treintena de bufetes de abogados y firmas de consultoría financiera ya han hecho leña del árbol caído.

En clara contradicción al discurso público de austeridad impulsado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los consultores externos contratados para los casos de Título III ya han presentado facturas de servicios por al menos $70.8 millones. La mayoría corresponde a solo cinco meses de labor, entre mayo y septiembre de 2017.

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Tanto estas como las facturas que se emitan por los cinco casos de quiebra gubernamental en curso son y serán costeadas con fondos públicos de Puerto Rico.

Una revisión realizada por La Perla del Sur a cerca de 30 de facturas presentadas ante el Tribunal Federal revela un patrón de exorbitantes reclamaciones de pago, en las que se piden desembolsos de entre $250 y $400 por hora para empleados de bajo nivel y hasta $1,425 por hora para abogados, socios de bufetes.

De todas las reclamaciones presentadas, más de la mitad ya han sido pagadas con fondos públicos de forma “prioritaria”, a pesar de que la inmensa mayoría de las facturas fueron presentadas el pasado 15 de diciembre.

Justo para esa misma fecha, miles de agentes de la Policía reclamaban en masa el pago de horas extras trabajadas y decenas de alcaldes denunciaban la escasez de recursos para encaminar la recuperación del país tras el paso del huracán María.

“Es un festín lo que se están dando los abogados y consultores profesionales de estos bufetes”, sentenció el abogado y experto en quiebras, Rolando Emmanuelli Jiménez.

“Dentro de las circunstancias que está viviendo el pueblo de Puerto Rico, es un acto de imprudencia mayúsculo permitir que se llegara a contratos donde los honorarios fueran tan exorbitantes”, continuó.

Banquete total

Entre los bufetes que no han escatimado a la hora de presentar facturas figura la firma de abogados Proskauer Rose LLP, entidad que representa a la JCF en los casos de Título III.

Solo esta firma presentó tres facturas por un total de $12,658,704 y una solicitud de reembolso de $454,935 por gastos de transportación, comida y alojamiento, entre otros.

En este bufete 70 abogados de alto y bajo nivel reclamaron el pago de servicios legales a razón de $730 por hora, y casi una decena de ellos facturó sobre medio millón de dólares, cada uno.

Por otra parte, los abogados del Gobierno Central, el bufete O’Melveny & Myers, presentó cuatro facturas que suman $16,074,749, además del pago de $319,719 por gastos reembolsables.

En este grupo, la compensación por hora de los abogados varía entre $400 y $1,100 por hora.

Entretanto, el bufete que representa al Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, Paul Hastings LLC, presentó una factura de $9.3 millones por servicios brindados entre junio 26 y septiembre 30 de 2017.

Según documentos oficiales, 18 de sus abogados reclamaron entre $1,000 y $1,310 por hora de servicio. De ellos, 13 facturaron entre $105 mil y $880 mil, cada uno. Los restantes cinco, menos de $100 mil.

Hasta por menos de una hora

También el representante legal de la Agente de COFINA, la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, solicitó la compensación de $4.6 millones por 58 días de servicio.

Entre ellos, 21 abogados facturaron de $900 a $1,425 por hora. Incluso, uno de ellos reclamó $9,975 por siete horas de trabajo (Tariq Mundiya), mientras que Weston T. Eguchi presentó una factura de $60,698 por 63 horas trabajadas.

Asimismo, el abogado Ian K. Hochman solicitó compensación de $772 por 48 minutos de labor.

“En realidad, las firmas de profesionales en Estados Unidos cobran por respirar y como cobran por respirar, si llegaste a un contrato en el que los honorarios son $600, $700 o $1,000 la hora, tenías que anticipar que las facturas iban a ser incosteables”, sostuvo Emmanuelli Jiménez.

“Peor aún, estos costos tienen una prioridad de pago. Es decir, el caso no camina si el gobierno (de Puerto Rico) no paga. Ahí tú ves cómo el gobierno establece unas prioridades donde lo más importante es pagarle a estos funcionarios, mientras no le paga las horas extras a los policías, los servicios profesionales a los terapistas del habla en el Departamento de Educación. Cuando un policía se retira, tardan uno o dos años en liquidarle las vacaciones, pero esta gente cobra al centavo, al momento”, añadió.

En contraste, bufetes locales como O’Neill & Borges LLC; Bennazar, García & Milián C.S.P.; Cancio, Nadal, Rivera & Díaz P.S.C. y Casillas, Santiago & Torres presentaron facturas por servicios de $289,691; $280,175; $220,295 y $169,523, respectivamente.

En el caso de O’Neill & Borges LCC, el excomisionado residente Pedro Pierluisi figura reclamando una compensación de $3,939 por aproximadamente diez horas de trabajo, a razón de $390 por hora.

Asesoría onerosa

Por otra parte, un puñado de firmas de asesoría financiera también sometieron sobre $20 millones en solicitudes de compensación por sus servicios durante el primer ciclo de facturación, que abarcó cinco meses.

Entre ellas resalta la firma Deloitte Financial Advisory Services LLP, que facturó $6,647,370 por servicios entre el 3 de mayo y el 30 de septiembre de 2017.

Deloitte Financial sometió además solicitudes de reembolso por $441,830, que incluyen $199 mil en pasajes de avión, $144 mil en estadías de hotel, $37 mil en comidas, $30 mil en transporte y $6,350 en estacionamiento, en cinco meses.

De igual forma, Ankura Consulting Group LLC, sometió dos facturas por la suma de $4.2 millones y reembolsos por $193,107.

En esta firma labora como “Senior Managing Director” Jorge San Miguel, quien sirvió como director de la plataforma para la campaña electoral del exgobernador Luis Fortuño.

En una de las facturas de Ankura, San Miguel reclama la compensación de $164,176 por 267 horas trabajadas, a razón de $620 por hora.

Las firmas McKinsey & Company Inc, Zolfo Cooper, Phoenix Management Services y FTI Consulting también presentaron facturas de servicios y reembolsos por $5.1 millones, $2.6 millones, $802 mil y $665 mil, respectivamente

También los de menor rango

No obstante, los abogados y altos funcionarios de las firmas de asesoría financiera no fueron los únicos.

En las facturas revisadas de bufetes estadounidenses, al menos 35 paralegales han reclamado el pago de sus servicios a razón de entre $250 y $415 por hora, superando por mucho el promedio por hora que se desembolsa a los bufetes locales.

De hecho, todos los paralegales facturaron más por hora que el fiscal especial Arturo Díaz Angueira, de la firma Cancio, Nadal, Rivera & Díaz P.S.C.

A estos se suman “para-profesionales”, como asistentes de proyectos, investigadores, secretarias y personal de apoyo, que en la mayoría de los casos facturan más de $100 por hora trabajada.

A modo de ejemplo, una empleada bajo el renglón “para-profesional” en Deloitte Financial Advisory Services aparece con una compensación de $26,112 por 102.4 horas de trabajo, a razón de $255 por hora.

Sus tareas estaban relacionadas al proceso de facturación.

“Todo el que mete la mano en el caso, factura. Podemos ver en esas facturas personas que no tienen un grado académico profesional como abogado, pueden ser paralegales o secretarias, que en ocasiones facturan a una tarifa más alta que muchos abogados aquí en Puerto Rico”, planteó Emmanuelli Jiménez.

“Cuando sumas eso al hecho de que muchos de estos bufetes han asignado hasta 80 profesionales para atender los casos, ves que las facturas ascienden a millones de dólares por unos periodos bien breves”, continuó.

Emmanuelli Jiménez, incluso, cuestionó el que algunos de estos profesionales reciban el ingreso que figura en las solicitudes de compensación.

“No necesariamente el profesional se los ganó. Quien se los gana es el bufete. A lo mejor lo que le paga a esa persona son $2,000 al mes”, planteó. “La plusvalía del bufete por el trabajo de ese para-profesional es también una cantidad extraordinaria”.

Sin fiscalización real

Por último, Emmanuelli Jiménez levantó bandera con la forma acelerada en la que se da paso a los desembolsos.

“Hay un oficial de revisión de facturación, que nombró el tribunal, que tiene que hacer el trabajo de auditar, que le va a pedir a cada uno de esos bufetes la evidencia que estime necesaria para trabajar con la recomendación que le va a hacer a la corte. Pero todavía no hemos visto actividad fiscalizadora de esa persona, en el sentido de oponerse a que se autoricen unos honorarios”, sostuvo.

“Recuerda que ya la corte aprobó el contrato y las tarifas, lo que tendría que ver este auditor, por llamarlo de alguna manera, es que el tiempo invertido en esas tareas sea razonable”, continuó.

“En realidad, es un acto de irresponsabilidad crasa, porque siendo el caso de insolvencia municipal más grande en los Estados Unidos, tú tenías el poder de negociar mejores circunstancias con estos bufetes y de esa manera proteger los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y eso no se hizo”, sentenció.