Semilleras encuentran en la isla un traje contributivo a la medida

El alcalde Ramón Hernández Torres denunció que, al dominar gran parte de las fincas agrícolas, las semilleras afectan la capacidad de Juana Díaz para producir una economía local del tomate, cebolla, mangó, plátano o cualquier otro alimento. “¿Y en una emergencia, qué vamos a comer?”, preguntó.

Paraíso transgénico es una serie de reportajes especiales que investiga cómo Puerto Rico se ha convertido en epicentro de experimentos con semillas modificadas genéticamente en Estados Unidos y sus territorios, y por qué las multinacionales a cargo reciben más subsidios que los impuestos que pagan al gobierno.

Bona fide, buena fe. El término latino refiere a un principio del derecho que reconoce la honradez o veracidad de un asunto. El Departamento de Agricultura, que certifica a las empresas como agricultores bonafide para que puedan acogerse a exenciones, envió a Juana Díaz las certificaciones de Monsanto y de Illinois Crop Improvement Association.

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El alcalde de ese municipio, Ramón Hernández Torres, las había solicitado en el 2016, cuestionando que las empresas cumplieran con los requisitos para tener ese privilegio.

En la sala de reuniones de la alcaldía, Hernández Torres puso sobre una mesa una copia de la Ley de Incentivos Agrícolas de Puerto Rico, que otorga este incentivo a quienes trabajan la tierra.

Estaba señalado, con un marcador amarillo, el Artículo 2-A-(b): indica que los bonafide han sembrado, cosechado y vendido el producto agrícola. El Artículo 3 (b) (1) indica que el negocio incentivado es para la producción de alimentos para seres humanos y animales, algo que no hacen las semilleras, que exportan los transgénicos para desarrollos subsiguientes fuera de la isla.

Existe además una opinión del Departamento de Justicia que establece que estas empresas no se dedican a la agricultura, porque llevan a cabo investigación y desarrollo. Al no ser agricultores, el Gobierno les permite controlar más del límite constitucional de 500 acres de tierra.

El alcalde denunció entonces que, al dominar gran parte de las fincas agrícolas, las semilleras afectan la capacidad de Juana Díaz para producir una economía local del tomate, cebolla, mangó, plátano o cualquier otro alimento. “¿Y en una emergencia, qué vamos a comer?”

El objetivo de ofrecer beneficios para empresas extranjeras es crear una ventaja competitiva; atraer inversión para una industria que no existe en el país o que de lo contrario se quedarían en localidades extranjeras que ofrecen mejores condiciones para este sector empresarial.

La Asociación de la Industria de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico sostiene que esos incentivos son importantes para asegurar la permanencia de las corporaciones que representa. Pero Puerto Rico ya tiene la gran ventaja competitiva independiente a los incentivos, atractiva para cualquier semillera: una temperatura anual promedio de 27 grados Centígrados (80 grados Farenheit) en el sur de la isla, que permite llevar a cabo hasta cuatro cosechas cada año del maíz y la soya, cuando en Estados Unidos continental solo pueden hacer dos.

“Los incentivos son la salsa”, explicó Ed Baumgartner, en cuyo resumé destacan 21 años de experiencia en Dow AgroSciences y la creación de la empresa 3rd Millennium Genetics en Santa Isabel.

“Las semilleras en realidad vienen por el índice de calor, que es lo más importante. Nos permite cosechar maíz en 90 días, más rápido que en Hawaii, donde toma unos 100, y que en Estados Unidos continental, donde toma unos 150 días. Se necesitan unos diez años para desarrollar un nuevo producto de las semilleras. Puerto Rico les permite recortar el proceso de investigación a la mitad”.

En ningún otro estado o territorio de Estados Unidos, el país más liberal en materia de cultivos modificados genéticamente y agroquímicos asociados a esos cultivos, se puede encontrar esa ventaja competitiva natural que ofrece Puerto Rico.

Además, los envíos de semillas hacia América del Norte son más rápidos y menos costosos que los de Hawaii, el principal competidor del Estado Libre Asociado en experimentos transgénicos.

En efecto, ocho semilleras extranjeras ya se habían establecido en Puerto Rico entre 1983 y el 2003, antes de que fuera creada la Ley de Promoción y Desarrollo de Empresas de Biotecnología Agrícola de 2009.

El estatuto instaura una política pública para poner la mayor cantidad de incentivos posibles en manos de las semilleras, para que Puerto Rico “se convierta en meca del desarrollo y establecimiento de la industria del conocimiento en la rama de la agricultura”, indica el texto.

La medida no exige ninguna rendición de cuentas ni auditoría a las semilleras. Uno de los autores fue el representante Carlos Johnny Méndez, quien ahora preside la Cámara de Representantes, mientras que lo firmó el senador Thomas Rivera Schatz, actual presidente senatorial, cuando ocupaba la misma posición en el 2009.

“¿Para qué entonces tender una alfombra roja multimillonaria de incentivos, si ya las empresas hubieran venido de otra manera? ¿Por qué entregar la casa de antemano?”, cuestionó Deepak Lamba Nieves, director de investigación del Centro para una Nueva Economía, organización independiente que investiga y analiza asuntos de política pública en la isla.

“La lógica corporativa es que Puerto Rico tiene que hacer todo lo posible para proteger esos empleos. Eso es una lógica de rehén. Si estamos anclando el modelo económico en empresas que nos amenazan con irse a la menor provocación, pues eso no es un contexto para salir de crisis. Las exenciones y los incentivos son importantes para competir con otros países, pero es un mecanismo dentro de un plan de desarrollo económico, y en Puerto Rico los incentivos se han convertido en la norma en lugar de excepción”.

El economista agrícola Parimal Choudhury, profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico, ha sido consultor durante 50 años en temas de agricultura en la isla, y entiende que no es buen negocio que los experimentos incentivados con fondos públicos no resuelvan problemas de los cultivos puertorriqueños, que las corporaciones usen las mejores tierras para experimentos en lugar de producir comida y que devuelvan menos a las arcas de lo que reciben.

“Tenemos que subsidiar a las empresas locales que producen comida en vez de dar subsidios a la biotecnología agrícola”, opinó Choudhury. “Cuando el 80 por ciento de la comida de los puertorriqueños viene de afuera del país, tenemos un problema. Siempre hemos dado subsidios, pero no están enfocados en incentivar la producción ni en resultados”.

El alcalde Hernández Torres considera una “jaibería” estos incentivos. “No estamos en contra de ninguna empresa. Pero es injusto que paguen tan poco. Los municipios no participamos al momento en que el gobierno central le otorga decretos”, continuó.

Se refería a cómo los tratos contributivos preferenciales afectan la capacidad de recaudación municipal y no se traducen en la creación de riqueza local. Y reclama que el Departamento de Agricultura evalúe la calidad de los empleos creados por estas corporaciones, que en su mayoría son temporales.

“El dinero de las semilleras no se queda aquí, se va a la matriz fuera de Puerto Rico. Así es imposible que el país eche pa’ lante”, sentenció.

 

(Próxima semana: Empleados enfermos reportan sus casos)