Quince casquillos encontrados pertenecen a pistola de Guarionex Candelario Rivera

PONCE- El 28 de diciembre del 2015, cuando tres agentes de la Policía de Puerto Rico fueron acribillados en la Comandancia de Ponce, supuestamente, por su compañero de trabajo, Guarionex Candelario Rivera, se dispararon 18 balas: 15 de un arma Glock, modelo 24, y 3 de una pistola de la misma marca, modelo 23.

Así lo asegura el testimonio de la perito en armas de fuego del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Angélica M. Resto Rivera, quien el pasado martes, primero de noviembre, mostró su evidencia ante el jurado que decidirá el desenlace del caso.

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La mujer, que cuenta con diez años de experiencia en balística, explicó que de la escena se recogieron siete armas de fuego, pertenecientes a Guarionex Candelario Rivera, Moisés Colón, José Madera, Ramonita Delgado, Javier Requena, Luz Soto Segarra y Frank Román Rodríguez, mas que solo dos de estas fueron disparadas, según la examinación que realizó, y que fue aprobada por sus pares en el ICF.

“Se realizó el estudio pericial, se corroboró que tuviese las condiciones del manufacturero, se hicieron pruebas y se determinó si se podía disparar”, repitió Resto Rivera siete veces en la sala 505 del Tribunal de Ponce. No obstante, puntualizó, que tras concretar los estudios pertinentes, aunque cada una de esas siete armas se podía disparar, el día que asesinaron a la teniente primera Luz M. Soto Segarra, al comandante Frank Román Rodríguez, y a la agente Rosario Hernández de Hoyos, solo se dispararon dos armas.

Estas dos pistolas, según el Ministerio Público -representado por el fiscal de distrito, Richard Rosado; y los fiscales Idelfonso Torres y Sharleen Rosa de Jesús-, pertenecían al acusado y al teniente Javier Requena, encargado de la Unidad Motorizada y viudo de Soto Segarra. Este último testificó en agosto que, tras escuchar cinco o seis disparos, desde la oficina de su fenecida esposa, disparó a través del cristal, dos o tres veces, hacia la silueta de un “hombre corpulento”, que confirmó era Candelario.

“¿Le pregunto si alguna de esas piezas que usted analizó venían de otra pistola?”, le insistió fiscalía a Resto Rivera, a lo que los abogados de defensa de Rivera Candelario, Donald R. Milán Guindín y Armando F. Pietri Torres, objetaron, mas no obtuvieron la aprobación de la jueza Carmen Otero Ferreiras.

Seguidamente, la perito expuso la sábana plástica que contiene toda la evidencia balística, y añadió que los proyectiles identificados como E1, E2 y E3 fueron los extraídos del antebrazo derecho de Guarionex, en el Centro Médico Correccional de Bayamón, por el médico Rafael A. Pichardo de los Santos.

La defensa, por su parte, insistió en que el testimonio de la perito no tenía base científica porque “las coincidencias o divergencias” se hicieron con “ojos”, y no con una “máquina”. Además, criticaron que “la perito no fue arma por arma comparando cada pieza que recibió del Instituto y reportándolo en el informe final”. La mujer se defendió indicando que estas especificidades están en sus “hojas de trabajo”.

Seguidamente, los representantes legales de Candelario Rivera presentaron al testigo, William Cruz Crespo, quien supuestamente encontró un proyectil en la oficina donde ocurrieron los hechos un día después de que agentes del ICF tomaran fotos y vídeos de las manchas de sangre y de las marcas de proyectiles en el lugar.

A interrogantes de defensa, este contestó que llevaba seis años como encargado de la planta física de la Comandancia de Ponce, que encontró un casquillo debajo de un archivo detrás del escritorio de Soto Segarra y que procedió a llamar a Doel Santos Santiago, de Servicios Técnicos, y al sargento Jorge Nazario, de la División de Homicidios. Luego de su testimonio, la fiscalía declinó hacer contrainterrogatorio.

Sin embargo, cuando Jennifer Rodríguez Pérez, quien realizaba funciones administrativas justo en frente de la oficina de Soto Segarra el día de los hechos -en el sexto piso de la Comandancia de Ponce-, testificó, fiscalía remachó que esta había olvidado detalles de ese día por el suceso traumático.

Rodríguez Pérez aseguró no haber visto a Candelario Rivera entrar a la oficina de Soto Segarra, mas agregó que en dos ocasiones frecuentó el baño, por lo que pudo haber sido en el ínterin.  También reveló que, esa mañana, Soto Segarra y Hernández de Hoyos, le habían entregado $10 para el almuerzo de Año Nuevo.

“No las volví a ver”, manifestó compungida.

Según esta testigo, nunca se escucharon los golpes y patadas a la puerta de Soto Segarra, que supuestamente dio su viudo para poder detener a Candelario Rivera. No obstante, sí se escuchó un fuerte “estruendo” y pudo ver cuando el teniente Requena y el inspector Madera detuvieron a Candelario Rivera.

“Usted vio mucha sangre, usted dijo que el individuo seguía resistiéndose”, insistió el fiscal Torres leyendo la declaración jurada de la testigo, tomada el 30 de diciembre de 2015. Esta respondió “sí”.

A Candelario Rivera se le radicaron tres cargos de asesinato en primer grado, tres cargos de restricción ilegal agravada, cuatro violaciones a la Ley de Armas y un cargo por falsa amenaza, informó el Departamento de Justicia.

El juicio inició que inició hace tres meses prosigue el 16 de noviembre, a las 3 de la tarde.