Supremo niega soberanía al ELA para doble exposición

Tribunal Supremo de los Estados Unidos (Foto archivo)

WASHINGTON, D.C.- Con una votación de seis a dos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó el jueves la determinación de que el Estado Libre Asociado (ELA) no tiene soberanía para fines de la cláusula constitucional federal contra la doble exposición en casos criminales.

“Para efectos de la cláusula de doble exposición, el futuro (de Puerto Rico) no es lo que importa y no hay forma de escapar del pasado. Debido a que la fuente última del poder fiscal de Puerto Rico es del gobierno federal, porque cuando se traza esa autoridad de vuelta, llegamos a la puerta del Capitolio de Estados Unidos, el Estado Libre Asociado y los Estados Unidos no son soberanos independientes. Eso significa que los dos gobiernos no pueden procesar dos veces a Sánchez Valle y a Gómez Vázquez por el mismo delito. Afirmamos la consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico”, indica la opinión mayoritaria suscrita por la jueza Elena Kagan.

- Publicidad -

La togada expuso que los tribunales en el foro estatal en el ELA no tiene el poder para acusar a convictos federales por casos criminales. Los dos votos disidentes fueron de los jueces Stephen Breyer y Sonia Sotomayor. El juez Clarence Thomas emitió una opinión concurrente.

“El derecho penal de Puerto Rico dejó de ser el Congreso de Estados Unidos y se convirtió en Puerto Rico mismo, en su gente y su Constitución. La evidencia de esa concesión de autoridad es mucho más fuerte que la evidencia del silencio del Congreso que llevó a esta Corte a concluir que las tribus indias mantienen una autoridad soberana similar. De hecho, es difícil ver cómo se puede concluir que las tribus poseen esta autoridad, pero Puerto Rico no. En cualquier caso, por las razones expuestas, me sostengo por efectos de la Cláusula de Doble Exposición, que el derecho penal de Puerto Rico y el derecho penal del gobierno federal no encuentran el origen de su legitimidad en la misma fuente”, expresó Beyer en su opinión.

El 20 de marzo de 2015, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) emitió una opinión en el caso de Pueblo v. Sánchez Valle relacionada a la aplicación de la doctrina legal de doble exposición como defensa de un acusado ante los tribunales de Puerto Rico, en un proceso de naturaleza criminal donde éste ya había sido acusado, procesado y convicto en un tribunal federal por el mismo delito cuyos elementos constitutivos del delito son los mismos.

Al sostener que en tales circunstancias aplica la doctrina de doble exposición, el TSPR desarrolló un análisis que inevitablemente ha incidido en el debate sobre la relación política colonial y territorial de Puerto Rico con Estados Unidos.

El primero de octubre de 2015, la Corte Suprema federal acogió la petición de certiorari del estado en la que el Departamento de Justicia (DJ) solicitó que se revoque la decisión del TSPR y que se determine que el ELA es un soberano independiente al gobierno federal para efectos de la protección constitucional de doble exposición. La Corte Suprema celebró una vista oral el 13 de enero pasado y luego el caso quedó sometido para adjudicación final.

“La decisión de la Corte Suprema tiene un impacto limitado en el procesamiento criminal, puesto que sólo impide un procesamiento sucesivo cuando el delito local y el federal contengan los mismos elementos; cuando se trate del mismo delito.  Cuando el delito local y el federal sean distintos, no hay impedimento para el procesamiento criminal en ambas jurisdicciones”, dijo Miranda en un comunicado de prensa.

Destacó que la decisión opera de igual modo para limitar la autoridad de la Fiscalía Federal de procesar a un transgresor de ley luego de que el individuo ha estado expuesto a procesamiento en los tribunales locales. Es decir, el procesamiento criminal en los tribunales locales, impedirá que las autoridades federales procesen a un sospechoso de cometer un delito federal por los mismos hechos.

“La decisión emitida en este caso, sin embargo, tiene otras implicaciones. Toca ahora a las autoridades de Puerto Rico, a su clase política, el perfilar el derrotero a seguir en torno al futuro y la orientación jurídica y política de nuestra relación con los Estados Unidos”, precisó Miranda.

“Respetamos la decisión de la Corte Suprema federal. Reiteramos elcompromiso del Departamento de Justicia de defender y ejercer la autoridad del ELA para procesar a aquellos que atentan contra la seguridad y el bienestar de todos y todas las puertorriqueñas”, sentenció Miranda.