Tras dictamen a Windmar:

Reclaman la renuncia del Secretario del DRNA

Por Jason Rodríguez Grafal
De La Perla del Sur

“El Secretario de Recursos Naturales dobló rodilla”.

Así reaccionó José Sáez Cintrón, portavoz de la Coalicion Pro Bosque Seco Ventanas Verraco, a la determinación de que la firma Windmar Renewable Energies no tendrá que pagar multas administrativas por violaciones ambientales cometidas en ese sector de Guayanilla.

Windmar Renewable Energies, la firma que impulsa el proyecto de Molinos de Viento para generar electricidad desde el sector Punta Ventana Verraco, fue acusada en marzo de 2006 por excederse en un permiso para la remoción de corteza terrestre y, además, talar árboles en exceso, entre otras violaciones.

Sin embargo, a más de dos años de la radicación de la querella por parte de vecinos y personal del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), el propio director de esa agencia, Javier Vélez Arocho, sentenció que no sancionará a la empresa ni a su director con penalidades.

Según se supo la pasada semana, Vélez Arocho llegó a un acuerdo con Windmar y su presidente, Víctor González Barahona, para eximirlo de multas a cambio de que este donara al DRNA más de 600 cuerdas de terreno de su propiedad en Guayanilla.

El restante de la finca de más de 700 cuerdas será utilizado para contrucción y desarrollo del controversial parque eólico.

Memoria corta

No obstante, Sáez Cintrón denunció que dichos terrenos ya habían sido ofrecidos por el desarrollador a la Agencia desde mucho antes de concretarse el “acuerdo”.

Según constató La Perla del Sur, en promoción escrita circulada por Windmar Renewable Energies durante el 2007, la empresa ya se comprometía a donar al DRNA 615 de las 725 cuerdas de su finca en Guayanilla, propiedad de González Barahona.

Esto como parte de su propuesta para la preservación de recursos naturales.

“Ahora tenemos al Secretario del Departamento utilizando esto y sacándoselo debajo de la manga. Le condonó las denuncias a Víctor González Barahona y a Windmar, a cambio de que le van a dar unos terrenos. Están utilizando esto como pretexto para justificar el que le condonaran las denuncias y las querellas”, criticó.

“Condonaron las denuncias y las querellas a cambio de unos terrenos que ya, de antemano, eran una de las proposiciones que había hecho el proyectista”, recalcó.

“Que renuncie”

Sáez Cintón fue más lejos al retirarle la confianza a Vélez Arocho, representante de la comunidad en el proceso de evaluación del parque eólico, y acusó al funcionario de confabular con el desarollador para beneficiarlo en el proceso.

“Nosotros estamos estamos exigiendo que el Secretario de Recursos Naturales renuncie inmediatamente”, tronó Saez Cintrón, quien además solicitó la renuncia del sub-secretario del DRNA, Javier Rua Jovet, y del director de la Oficina de Asuntos de Energía, Javier Quintana.

“No merecen ningún tipo de credibilidad y ningún tipo de consideración”.

Reincidente

En septiembre del 2007, el Cuerpo de Vigilantes del DRNA intervino por segunda ocasión con el desarrollador de Windmar, luego de que utilizara maquinaria pesada para abrir un camino en el sector Playa Sucia de Guayanilla.

Esto en violación a un “acuerdo de ayuda” que se firmó entre el proyectista y el DRNA a raíz de la emergencia provocada por un derrame de petróleo que se suscitó en la costa Sur del país.

No obstante, en aquel momento, el Secretario del DRNA no precisó qué acciones -si alguna- tomaría en contra del proyectista.

Dos meses más tarde, en noviembre del 2007, Vélez Arocho admitió en entrevista con La Perla del Sur que, tras una investigación que se demoró dos años y durante la cual se extraviaron los informes de daños, el DRNA aceptaba que el desarollador incurrió en violaciones al remover terreno en Guayanilla en marzo del 2006.

De esta forma, confirmaba las conclusiones de la investigación preliminar del Cuerpo de Vigilantes.

Por ello, declaró que impondría una “multa considerable” debido a la gravedad de las violaciones.

Aun así, Vélez Arocho reiteró su apoyo al proyecto de Windmar y durante los siete meses posteriores al anuncio, no se concretaron las multas.